La Federación de Instituciones de Educación Particular, FIDE, que representa a más de 700 establecimientos educacionales, manifestó hoy sus discrepancias a las indicaciones presentadas por el gobierno a la LGE y manifestó su preocupación por la forma en que se ha tramitado el denominado acuerdo y las movilizaciones de estudiantes.
En declaración pública firmada por su presidente, Jesús Triguero, la institución expresó que sobre las indicaciones del Gobierno al proyecto LGE “discrepamos de la brevedad del plazo para que los sostenedores cumplan con los nuevos requisitos de tener giro único. La prudencia y otros casos legislados anteriormente aconsejan ampliar el plazo de un año a dos o tres años”.
En cuanto a la indicación sobre la educación pública, el organismo afirmó que “más que hablar del fortalecimiento de esta, es necesario proponer su mejoramiento, ya que, en general, presta servicios educacionales deficientes”.
En este sentido la FIDE considera que dicho mejoramiento no debe ser a costa de afectar o limitar el funcionamiento de la educación particular subvencionada, discriminándola en la recepción de recursos. “La educación pública debe ser pluralista; pero no laica (si por este término se entiende laicista), ya que este término tiene una connotación negativa antirreligiosa, discriminatoria y excluyente. La educación pública no mejorará sino se modifica y flexibiliza el Estatuto Docente, lo que el proyecto LGE no hace”, agrega el documento.
Respecto al acuerdo educacional, los representantes de los colegios particulares señalaron su preocupación “por la forma en que se ha tramitado y tramita el denominado Acuerdo Educacional”.
“Este es un acuerdo político en el cual los actores sociales afectados por el proyecto LGE no hemos tenido ninguna participación, y nos inquietan las consecuencias que puedan tener la aplicación de algunas de las normas propuestas en este proyecto. También nos preocupa el exceso de normas que contiene esta iniciativa, las cuales aumentarán la regulación de un sector sobre-regulado”.
Y agregan que, “es lamentable que entre los actores políticos involucrados en este acuerdo hayan vuelto a surgir desacuerdos en materias que aparentemente ya estaban solucionadas. Esto le hace mal al país y crea incertidumbre en toda la educación chilena”.
En este punto se hace ver además que como el proyecto LGE continua sujeto a sucesivos cambios, se hace imposible dar una opinión acabada sobre su contenido.
En lo que respecta al Proyecto de Ley que crea una Superintendencia de Educación, que se encuentra en actualmente en tramitación, la FIDE pide que se establezca una norma para asegurar la total transparencia de todos los recursos públicos y privados que reciben tanto los sostenedores particulares subvencionados como los municipales. Haciendo hincapié en que sin esta norma no tiene sentido una Superintendencia de Educación.
En el último punto de la declaración, la entidad hace mención a las manifestaciones estudiantiles de las cuales dice reconocer y respetar el derecho de los estudiantes y docentes a expresarse y protestar, pero considera que el ejercicio de estos derechos debe compatibilizarse con el cumplimiento de los deberes y obligaciones estudiantiles y profesionales.
En este sentido hace ver que “las paralizaciones prolongadas o reiteradas y las pérdidas de clases atentan contra la calidad de la educación y perjudican a los propios estudiantes”.
Y agrega que “la toma de colegios contra la voluntad de su propietario constituye una medida de fuerza y una conducta ilícita que no debe ser aceptada. Estos hechos son más graves aún cuando son realizados por minorías audaces que no respetan ni a las mayorías ni a las directivas de Centros de Alumnos legítimamente constituidas”.
Finalmente, la institución hizo un llamado cuidar las instalaciones y el mobiliario de todos los establecimientos educacionales.
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