A raíz del gran número de expulsiones y sanciones que los establecimientos educacionales aplicaron a sus alumnos por haber participado en las manifestaciones contrarias a la LGE, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Alejandro Navarro, invitó a Chile al Relator de Naciones Unidas sobre Derecho a la Educación, Vernon Muñoz, "con el fin de que pueda revisar los casos de los afectados con las medidas, como el de María Música del Darío Salas; y junto con ello se elabore un catastro público de estos hechos para asesorarlos legalmente para su reintegro, mediante la Oficina Jurídica del Servicio Nacional de Menores, en coordinación con el Ministerio de Educación. Supervisando, de este modo, la protección de todos los niños y el resguardo de sus derechos", comentó el legislador.
Asimismo, Navarro pidió al Relator "que solicite al Estado de Chile nuevamente una invitación para revisar la condición de la educación en nuestro país, desde la perspectiva de la calidad, y de los estándares de derechos humanos".
El senador expresó que "los reglamentos estudiantiles no pueden estar por sobre las garantías constitucionales y los derechos humanos. Los niños tienen obligaciones, como la de respetar a las autoridades, pero también tienen derechos. Las sanciones que se aplican deben ser adecuadas al fin de educar, no de segregar. Y en ese sentido no comparto la decisión de la Ministra de Educación, quien respaldó la decisión del Darío Salas, pues el Gobierno no puede respaldar la violación de los derechos de los niños, quienes por Ley deben ser apoyados de manera integral, reintegrándolos y ayudándolos, y no aplicándoles medidas extremas que al final en nada ayudan a su desarrollo".
El parlamentario señaló que "en las escuelas y los liceos también deben imperar los derechos humanos, como el derecho al debido proceso. Tal como señala la defensa de María Música, la medida de expulsión ha sido tomada sin permitir la autodefensa, pues la Comisión que ha juzgado a Música no ha escuchado a quien se juzga, no le ha permitido ser oída ni de intervenir directamente en cada una de las etapas del procedimiento. Eso viola la Convención de Derechos del Niño, que señala que el interés superior del niño impone la obligación de escucharlo".
Navarro agregó que "María Música y su familia ni siquiera recibieron los fundamentos claros de qué conducta era la sancionada, si la del jarrazo o por no haber pedido disculpas. Asimismo, la resolución no señala quiénes asistieron a las reuniones del Consejo de Profesores del curso, y a las del Consejo General de Profesores, y si se obedeció el reglamento en cuanto a que participaran co - docentes y otros estamentos. Es como si alguien fuera condenado sin la menor formalidad: sin ser oído, sin posibilidad de presentar descargos, sin ver a sus jueces".
El legislador dijo que "en la carta de expulsión definitiva, se puede leer que el órgano decidor esboza una queja por el lenguaje de la apelación que denunciaba "violaciones a garantía fundamentales y derechos humanos", y sobre la "arbitrariedad e ilegalidad de la medida". A mi me asombra que el colegio se ofenda con estas afirmaciones que son términos técnicos jurídicos que la institución educativa mencionada no puede ignorar. Es una ignorancia inexcusable de parte de los profesores reclamar por el lenguaje técnico jurídico de la carta".
El senador recordó que "ya en abril de 2007, el relator de la ONU pidió a Chile autorización para visitar nuestro país. El Relator Muñoz y su equipo están enterados de la situación general de la educación en Chile, la revuelta de los pingüinos. Y quiere visitar Chile. La Chancillería aun tiene pendiente responder la solicitud de visita a Chile que hizo el Relator y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Yo le digo a la Ministra Jiménez y al Ministro Foxley, ¿qué es lo que quieren esconder? Chile está al nivel de países como Congo y Sry Lanka al no permitir el acceso abierto a los relatores. Es una vergüenza, solucionable, pero una vergüenza al fin"
Navarro comentó además que "la semana pasada ya le escribí al Director del SENAME. Y esperamos que responda y acate el mandato de la ONU, ofreciendo asesoría jurídica a los injustamente expulsados".
